Juzgados

Comunicado de los jueces de Orihuela

Siendo de conocimiento general por los Letrados que desarollan su actividad en éstepartido judicial la enorme gran cantidad de asuntos que han tenido entrada en los Juzgados de Primera Instancia en los últimos años, y habiéndose observado que en ello ha tenido una gran incidencia el hecho de que la práctica totalidad de las reclamaciones por gastos comunes correspondientes a las Comunidades de Propietaxios en régimen de propiedad horizontal son promovidas por las partes a través de los trámites del juicio declarativo verbal, siendo elevadísimo el número de dichos asuntos, lo que da lugar a la demora en la resolución de estas por ser necesario el señalamiento de vista y a fin de evitar la dilación que ello supone, tanto para estos asuntos como para el resto de causas, y habida cuenta de la existencia de un procedimiento específico como es el proceso monitorío, con las consiguientes ventajas de rapidez, agilidad y posibilidad de despacho de ejecución sin necesidad de vista, y que de ser utilizado supondría un enorme beneficio tanto para las partes en dichos asuntos como para el resto de usuarios de Administración de Justicia en éste partido judicial, sin merma alguna de los derechos que asisten a dichas partes, los Jueces de Primera Instancia de ésta circunsciipción ponen en su conocimiento, a los fines de distribución entre los Colegiados del Partido Judicial, la conveniencia de utilizar dicho proceso monitorio, que según su regulación legal tan solo exige la acreditación de la titularidad de la vivienda por el demandado, certificación de la deuda por Secretario-­Administrador con el visto bueno del Presidente y la notificación conforme al art. 9 L.P.H.

Suspendida la constitución de 15 juzgados en Valencia por incumplimiento del Gobierno autónomo

Justicia, Francisco Caamaño, ha aprobado un real decreto para dejar sin efecto la constitución y entrada en funcionamiento de 15 juzgados de la Comunitat Valenciana por incumplimiento del Gobierno autónomo. La suspensión se mantendrá hasta que la Comunitat comunique al Ministerio de Justicia que está en condiciones de cumplir sus obligaciones legales y estatutarias. Los juzgados cuya constitución queda sin efecto son: - 6 juzgados de primera instancia: nº 4 de Torrevieja, nº 4 de Benidorm, nº 7 de Elche, nº 13 de Alicante, nº 6 de Denia y nº 6 de Gandía. - 7 juzgados de primera instancia e instrucción: nº 4 de Novelda, nº 4 de Vila-Joyosa, nº 5 de Nules, nº 7 de Lliria, nº 4 de Quart de Poblet, nº 4 de Massamagrell y nº 5 de Carlet. - 1 juzgado de lo penal: nº 4 de Orihuela - 1 juzgado de lo social: social nº 2 de Benidorm. En febrero de 2010 la Comunitat Valenciana solicitó la creación de 22 unidades judiciales y 5 plazas de juez de adscripción territorial. En octubre de ese año solicitó que con fecha 30 de diciembre de 2010 entraran en funcionamiento 6 de las 22 unidades judiciales y que se aplazara hasta el primer semestre de 2011 el resto de los juzgados, argumentando razones de ajuste presupuestario. Finalmente, el pasado mes de marzo, el Gobierno autónomo manifestó, en escrito dirigido a este Ministerio, que las 15 unidades judiciales conllevaban, entre otras razones, un alto y desproporcionado coste y que carecía de sentido su entrada en funcionamiento. Por tanto, y dado que es la Comunitat quien debe proveer a los juzgados y tribunales de los recursos humanos y medios materiales necesarios, el Gobierno se ha visto obligado a adoptar la citada decisión. Por todo ello, ha sido necesario suspender la entrada en vigor de determinados apartados del ‘Real Decreto 819/2010, de 25 de junio, por el que se crean y se constituyen 132 Juzgados, se constituyen 2 Juzgados y se crean 16 plazas de Magistrado en Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, correspondientes a la programación del año 2010, y 50 plazas de adscripción territorial’ Fuente: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/es/1215197775106/Medios/1288775118217/Detalle.html

La asociación Jueces para la Democracia ha acordado exigir al Gobierno cambios en la legislación para que las personas que no pueden pagar la hipoteca puedan liberarse de su deuda entregando la vivienda a la entidad bancaria

Esta decisión se ha acordado tras la sentencia dictada la semana pasada por la Audiencia de Navarra en esa línea, que según José Luis Ramírez, portavoz del colectivo de jueces, puede generar "opiniones discrepantes" en otros juzgados y una "situación preocupante para la seguridad jurídica" si no se modifican las normas. Durante su reunión en Málaga, la directiva de JpD también ha pedido una regulación del endeudamiento de las familias para evitar que, cuando se encuentren en una "situación económica complicada", como la pérdida del trabajo por la crisis, un concurso de acreedores liquide su patrimonio y los lleve a la indigencia. "Deben incluirse medidas de carácter social que ponderen los intereses del acreedor, pero también del deudor, que tiene que hacer frente al sostenimiento de su propia familia", ha asegurado Ramírez, quien alerta de que tras la liquidación del patrimonio pueden seguir existiendo deudas que sean heredadas por los hijos. Los jueces han solicitado que se modifique el proceso de ejecución, para impedir que los inmuebles se subasten por un valor muy inferior al del contrato, ya que cuando el banco modifica la tasación para obtener un beneficio que pueda perjudicar al deudor, podría ser "constitutivo de un delito de estafa". Asimismo, JpD considera necesario que los poderes ejecutivo y legislativo permitan que el juez que lleve el proceso de ejecución pueda moderar o suspender el devengo de intereses de demora durante el período de regularización de los plazos periódicos del pago de las cuotas del préstamo hipotecario. Fuente: http://www.madridpress.com/noticia/115611/%C2%A0/asociaci%C3%B3n-jueces-pide-entregar-vivienda-banco-salde-deuda.html

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