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Modificación de coeficientes sin tener que firmar todos los propietarios en el Notario

La jurisprudencia y la propia Dirección General de los Registros y del Notariado conceden al Presidente la facultad de actuar en nombre de todos y cada uno de los propietarios en los actos llamados de "conjunto", por lo que, acreditando por medio de certificado que el acuerdo de modificar los coeficientes se adoptó por unanimidad (art. 5.2 LPH) y que nadie hizo constar su oposición, hubiera bastado la facultad en Junta al Presidente para que se hubiera personado ante el notario para llevar a cabo la escritura de rectificación. Si, en el caso consultado, se ha optado porque acudan a firmar todos los propietarios y ahora uno se niega, aunque antes había dado su conformidad, es evidente que no hay otra vía que la acción judicial, para que se le obligue a la firma o el Juzgado le sustituya. (Fuente: SEPIN)

No responsabilidad penal de un administrador de fincas por un accidente laboral en una obra

Si se encargó la reparación a un profesional, es decir, a una entidad de la que debe presumirse razonablemente, su capacidad, cualificación y conocimiento para la adecuada ejecución de la tarea contratada, no debe considerarse al administrador, por el mero hecho de la producción del resultado dañoso, responsable por culpa "in eligendo", cuando adoptó en la elección del profesional la diligencia normal que le era exigible. Tampoco consta en la consulta que se hubiese reservado funciones de dirección, control o vigilancia, por lo que no parece que concurriese "culpa in vigilando" o que existiesen relaciones de subordinación o dependencia determinantes de la aplicación del art. 1.903 del CC. Sin embargo, si en este caso es la Comunidad de Propietarios, la que a través del administrador, contrata con otra empresa, se da la consiguiente obligación de inspección, vigilancia y control por el contratante, por lo que la falta de conducta diligente en la labor de vigilancia, o en la elección de ese profesional, puede derivar en una responsabilidad por parte de la Comunidad. Además, la normativa actual establece en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre que el sujeto obligado a actuar en orden a la prevención de riesgos en el trabajo es el empresario. Por lo cual no concurre en el administrador de fincas la condición personal requerida por el tipo penal del art.316 CP, de ser sujeto legalmente obligado a facilitar las medidas de seguridad en el trabajo. (Consulta de SEPIN. Diciembre 2007)

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