audiencia provincial

Nulidad del acuerdo de arrendamiento de la azotea para la instalación de una antena de telefonía movil que supone una modificación estructural del edificio y que no fue aprobado por unanimidad

Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, 546/2011, de 18 de julio "... El argumento en que la sentencia recurrida sustenta su decisión de estimar la demanda, se centra en que la colocación de las instalaciones descritas en el contrato suscrito entre la comunidad y la entidad Telefónica Móviles España, no resulta ser una simple cesión a cambio de un precio de un espacio comunitario, sino que conforme a su descripción constituye una modificación estructural. Tal efecto en un edificio sometido al régimen de propiedad horizontal, razona la Audiencia Provincial, supone que el consentimiento debe ser unánime, sin que pueda aplicarse el régimen de las mayorías descrito en el artículo 17 LPH , pues la modificación de los estatutos o del título constitutivo solo podrá acordarse por mayoría de 3/5 cuando se trate de establecer o suprimir determinados servicios dentro de los que no se puede incluir la instalación de la estación base de telefonía móvil descrita en el contrato que liga a la compañía de telefonía y a la comunidad. Los razonamientos de los dos recurrentes no atacan tal conclusión, sino que se limitan a insistir en el hecho de que los actos de mera administración no exigen la unanimidad, y que la instalación de al antena de telefonía se configura como un mero arrendamiento, sin tener en cuenta que, en el caso que se examina, la Audiencia Provincial ha fijado la necesidad del consentimiento unánime para adoptar un acuerdo que constituye una alteración estructural del edificio, debido al modo en que tal instalación va a ser ejecutada, conforme a los hechos que la Audiencia Provincial declara probados. ..."

Es necesario que el Administrador de Fincas esté colegiado

Los comentarios que vamos a realizar vienen al caso de la publicación de la citada Sentencia dictada por la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Cantabria de 6 de octubre de 2010 (SP/SENT/634186). Dicha Resolución se ha producido como consecuencia de la impugnación de un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de una Comunidad de Propietarios que designaba administrador a una persona externa de la Comunidad que no se hallaba legalmente reconocida ni cualificada profesionalmente para ejercer esta actividad. Esta Sentencia, al tiempo que admite la impugnación y, consiguientemente, declara la nulidad del acuerdo, descarta, como legalmente admisibles para el reconocimiento legal de dicha cualificación, la posesión de diplomas o cursos de gestión expedidos por centros universitarios como título propio (en este caso un instituto superior colaborador de la Universidad de Vic) que no son de carácter oficial, sin que la pertenencia acreditada a una asociación de gestores o similar le confiera más trascendencia jurídica de la que en realidad tiene, puesto que "ello no supone conferir reconocimiento legal alguno a aquella titulación". Señala que: "Por todo ello debe concluirse que, desde luego, cumplen esos requisitos los miembros de los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas, regulados esencialmente por el Decreto 693/1968 de 1 de abril". Fuente: SEPIN

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