ejecución

La asociación Jueces para la Democracia ha acordado exigir al Gobierno cambios en la legislación para que las personas que no pueden pagar la hipoteca puedan liberarse de su deuda entregando la vivienda a la entidad bancaria

Esta decisión se ha acordado tras la sentencia dictada la semana pasada por la Audiencia de Navarra en esa línea, que según José Luis Ramírez, portavoz del colectivo de jueces, puede generar "opiniones discrepantes" en otros juzgados y una "situación preocupante para la seguridad jurídica" si no se modifican las normas. Durante su reunión en Málaga, la directiva de JpD también ha pedido una regulación del endeudamiento de las familias para evitar que, cuando se encuentren en una "situación económica complicada", como la pérdida del trabajo por la crisis, un concurso de acreedores liquide su patrimonio y los lleve a la indigencia. "Deben incluirse medidas de carácter social que ponderen los intereses del acreedor, pero también del deudor, que tiene que hacer frente al sostenimiento de su propia familia", ha asegurado Ramírez, quien alerta de que tras la liquidación del patrimonio pueden seguir existiendo deudas que sean heredadas por los hijos. Los jueces han solicitado que se modifique el proceso de ejecución, para impedir que los inmuebles se subasten por un valor muy inferior al del contrato, ya que cuando el banco modifica la tasación para obtener un beneficio que pueda perjudicar al deudor, podría ser "constitutivo de un delito de estafa". Asimismo, JpD considera necesario que los poderes ejecutivo y legislativo permitan que el juez que lleve el proceso de ejecución pueda moderar o suspender el devengo de intereses de demora durante el período de regularización de los plazos periódicos del pago de las cuotas del préstamo hipotecario. Fuente: http://www.madridpress.com/noticia/115611/%C2%A0/asociaci%C3%B3n-jueces-pide-entregar-vivienda-banco-salde-deuda.html

No responsabilidad penal de un administrador de fincas por un accidente laboral en una obra

Si se encargó la reparación a un profesional, es decir, a una entidad de la que debe presumirse razonablemente, su capacidad, cualificación y conocimiento para la adecuada ejecución de la tarea contratada, no debe considerarse al administrador, por el mero hecho de la producción del resultado dañoso, responsable por culpa "in eligendo", cuando adoptó en la elección del profesional la diligencia normal que le era exigible. Tampoco consta en la consulta que se hubiese reservado funciones de dirección, control o vigilancia, por lo que no parece que concurriese "culpa in vigilando" o que existiesen relaciones de subordinación o dependencia determinantes de la aplicación del art. 1.903 del CC. Sin embargo, si en este caso es la Comunidad de Propietarios, la que a través del administrador, contrata con otra empresa, se da la consiguiente obligación de inspección, vigilancia y control por el contratante, por lo que la falta de conducta diligente en la labor de vigilancia, o en la elección de ese profesional, puede derivar en una responsabilidad por parte de la Comunidad. Además, la normativa actual establece en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre que el sujeto obligado a actuar en orden a la prevención de riesgos en el trabajo es el empresario. Por lo cual no concurre en el administrador de fincas la condición personal requerida por el tipo penal del art.316 CP, de ser sujeto legalmente obligado a facilitar las medidas de seguridad en el trabajo. (Consulta de SEPIN. Diciembre 2007)

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