económica

“Vale más robar (hurtar) que pedir… (al menos en Valladolid)”

Artículo del abogado David Maeztu:
Atónito se queda uno cuando lee que el Ayuntamiento de Valladolid multará a los mendigos que pidan limosna. No ya sólo por el oximoron que supone multar a quien pide para subsistir, sino porque las cuantías que se prevén son superiores a lo que se suele imponer para quienes cometen pequeños hurtos.
Dejaremos aparte los problemas de tramitación de un procedimiento sancionador, como por ejemplo el domicilio a efectos de notificaciones del mendicente, pero ahí veríamos ya lo absurdo de todo esto.
Aunque el proyecto de Ordenanza no está aprobado, ahora mismo está vigente la del año 2004 (pdf) (que por cierto tiene varias cosas eliminadas por sentencias judiciales) que se puede consultar en la propia web del ayuntamiento.
Al parecer se trata en la proyectada reforma de la Ordenanza de incluir dentro de las infracciones nuevas conductas y entre estas aquellas relacionadas con la mendicidad.
Es cierto que vivimos a golpe de titular y decir que se multará con 1500 euros es muy llamativo, cuando al parecer no es así, hay que señalar que las sanciones tienen una horquilla de cantidades entre las que deben moverse en base al criterio de proporcionalidad.
Así en la Ordenanza vigente las infracciones leves se sancionan con hasta 750 euros, las graves con hasta 1500 y las muy graves desde 1500.01 hasta 3000 euros, lo que no quiere decir es que siempre se ponga la sanción máxima, debiendo establecerse en base a criterios de proporcionalidad de la lesión cometida.
Al parecer pedir simplemente supondría una infracción leve y hacerlo de manera intimidatoria una infracción grave.
Si miramos el Código Penal veremos que la pena por hurto para cantidades inferiores a 400 euros, que entiendo sería la única situación minimamente asimilable, es una falta, regulada en el artículo 623:
Serán castigados con localización permanente de cuatro a 12 días o multa de uno a dos meses
La multa empezaría en 30 días y la cuantía se determina teniendo en cuenta la situación económica del culpable de la falta, artículo 50 CP:
La cuota diaria tendrá un mínimo de dos y un máximo de 400 euros [...]
Los Jueces o Tribunales determinarán motivadamente la extensión de la pena dentro de los límites establecidos para cada delito y según las reglas del Capítulo II de este Título. Igualmente, fijarán en la sentencia, el importe de estas cuotas, teniendo en cuenta para ello exclusivamente la situación económica del reo, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales del mismo.
Como se ve para faltas de hurto y por personas sin ningún tipo de ingreso, como digo el ejemplo más equiparable para quien pide en la calle, tenemos que puede imponérsele una multa de a partir de 60 euros y dificilmente se llegará a esos 750.
El alcalde ha indicado que esta medida permitirá luchar contra "las mafias de la mendicidad" y que además pretende "evitar la explotación de gitanos rumanos". También señala que se reducirá el 'acoso' a los ciudadanos por parte de las personas que piden dinero en la vía pública.
Pues bien, tampoco tiene sentido que se multe administrativamente, con sanciones a partir de 1500 euros, a quienes piden si están sufriendo una situación de acoso o integración en una mafia, ya que lo lógico sería denunciar esos hechos ante los juzgados pues sin duda que esas conductas podrían encuadrarse en alguno de los tipos penales que castigan los delitos contra los trabajadores.
En estos tiempos en los que se está pasando mal castigar a los que peor lo está pasando no parece ni lo más lógico ni lo más humano y si lo que se quiere es acabar con mafias que explotan a personas ya tenemos el Código Penal con suficientes medios, no son necesarios tribunales administrativos para eso (aunque parece que cada vez es más tendencia, pensando en la ley sinde-wert)
En definitiva, que siempre se ha dicho que "más vale pedir que robar*" pero con este tipo de normas al final se acabará dando la vuelta a la frase. *En este caso que hurtar, que es la palabra técnica para aquellas conductas que consisten en lo mismo que robar pero sin empleo de fuerza o violencia en las cosas. Art. 237 CP

La morosidad de las comunidades de propietarios se ha incrementado un 46%

El informe realizado por el Colegio Profesional de Administradores de Fincas, distingue diversos grupos de morosos, el más grande (40%) corresponde a los propietarios que no pagan por una causa selectiva, es decir, escogen la prioridad y el orden de las facturas a pagar, retrasando la cuota de la comunidad. La morosidad de las comunidades de propietarios de Madrid se ha incrementado un 46% desde 2009 a causa de la crisis económica y afecta al 22% de las fincas compartidas con deudas de más 375 millones de euros, según el estudio elaborado por el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. "Existe una creciente preocupación ante el desarrollo de la morosidad en el núcleo de las comunidades de propietarios", explicó el presidente del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, Miguel Ángel Muñoz, durante la presentación del informe realizado con los datos de 150 administradores de fincas, que gestionan un total de 3.000 comunidades. El informe distingue diversos grupos de morosos, el más grande (40%) corresponde a los propietarios que no pagan por una causa selectiva, es decir, escogen la prioridad y el orden de las facturas a pagar, retrasando la cuota de la comunidad. El 26% de los morosos corresponde a personas insolventes reales, afectadas en su mayoría por el paro y la falta de recursos provocados por la crisis económica. Con este grupo, las comunidades de vecinos suelen ser más indulgentes en la reclamación de las deuda. En tercer lugar, el 22% de los morosos son los considerados "profesionales", que se caracterizan por el retraso habitual y sistemático del pago de las facturas y donde la problemática del cobro se prolonga en el tiempo. El 12% de los morosos son las entidades financieras y las promotoras, acumulando el 30% de la deuda total. La principal causa de impago de las cuotas de las viviendas que se han quedado en adjudicación y sin vender es la situación privilegiada respecto al resto de propietarios. El administrador de fincas Gustavo García señaló que este fenómeno "se da cada vez más" y que, además, las promotoras y los bancos "son los que más tarde pagan con retrasos que llegan hasta dos años". "Durante el periodo de adjudicación no abonan las cuotas y, después, tardan otros seis meses más", apuntó. Para la gestión de los impagos el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid ha puesto en marcha junto a las empresas Acción Legal, Logalty, Arbitralia, El Derecho Editores, Mapfre y Arag el Programa de Lucha contra la Morosidad en las Comunidades Autónomas (PLCM), presentado este miércoles junto al estudio. El PLCM es de uso exclusivo para administradores de fincas de Madrid y permite a las comunidades dotarse de un sistema de prevención para posibilitar el cobro de las cuotas, con las máximas garantías legales y el respaldo de profesionales que se encargan de todo el proceso, a coste cero para la comunidad. Vía Comunidadvecinos.com

Abrir chat
¿Necesitas algo?
Hola, ¿en qué podemos ayudarte?