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Los gestores de un cementerio parroquial de Nigrán, en Galicia, retirarán un centenar de nichos a una treintena de titulares por impago de las cuotas de mantenimiento o de derramas por obras

El drama de los desahucios ya no se restringe al mundo de los vivos. Los difuntos también corren peligro de tener que abandonar su última morada en caso de impago por parte de sus herederos. Ocurre en el cementerio parroquial de San Pedro, que cuenta con 3.800 nichos que corresponden a un total de 951 personas o familias. Una treintena de titulares de sepulcros llevan años sin abonar las cuotas anuales de mantenimiento, de tan solo 3 euros. Tampoco se han hecho cargo de diversas derramas para sufragar algunas reparaciones efectuadas en el recinto. Así que la gestoría que se encarga de la administración del camposanto, Geserco, ha puesto en marcha ya tres procesos monitorios, de rápida ejecución, contra tres de los morosos reconocidos para dejarlos sin sepulcros. A los demás, se los retirará directamente, puesto que se desconoce su identidad tras el paso de los años y de las herencias. El desalojo de los sepulcros solo podrá pararse si en los próximos días aparece alguna persona que se responsabilice de ellos y abona las deudas. El gerente de la administradora que gestiona el cementerio, Horacio Alejos, confía en que la mayoría termine por pagar lo que debe, aunque el algún caso será inevitable el traslado de restos mortales a una tumba común. La gestoría comunicará la situación a los propietarios de las concesiones de los nichos que deben anualidades y les ofrecerá la posibilidad de llevarse a sus difuntos a otro lugar en caso de que declinen saldar su deuda. No obstante, será muy complicado localizar a muchos de ellos por tratarse de herederos que ya no residen en la zona o cuya identidad se desconoce. La forma de proceder puede parecer poco garantista con los derechos de los beneficiarios de las concesiones, de 50 años, pero se ampara tanto en el derecho canónico como en los propios estatutos de la comunidad de propietarios del cementerio, recalca Alejos. El de San Pedro no es un caso insólito. "Este problema resulta bastante habitual y se repetirá en otros lugares". Las parroquias no tienen posibilidad de construir nuevos bloques de nichos para responder a la demanda, así que se verán obligadas a echar mano de los sepulcros en estas situaciones para ofrecérselos a los vecinos. "Hay titulares que deben 36 euros y alardean de ello, pero tras la intervención de la justicia tendrán que pagar 490" Las deudas de los morosos oscilan entre los 26 euros de algún caso y los 180 de otros. Son impagos acumulados durante años tanto de las aportaciones para obras como de las cuotas de mantenimiento, que la parroquia utiliza para sostener los gastos del enterrador, la iluminación y la administración del cementerio, indica Horacio Alejos. Es posible que gran parte de los endeudamientos se deban a los despistes de los herederos que ni siquiera sean conscientes de que su familia dispone de nichos en San Pedro. Pero también hay algunos sabedores de sus deudas. "Hay titulares que deben tan solo 36 euros y alardean de ello. Incluso incitan a otros a no pagar y justifican su actitud ´porque rechazan darle su dinero al cura´. Ese estúpido argumento les saldrá caro porque tras la intervención de la justicia tendrán que pagar 490 euros de gastos de notificación y costas", advierte el gestor. Vía: farodevigo.es

Jornada de trabajo Administradores de fincas de Alicante

  El pasado día 14 de diciembre 35 administradores de fincas de la provincia de Alicante, se reunieron en el Hotel La Torre de Los Montesinos para tener un intercambio de impresiones sobre “El Libro del Edificio y sus Gestores”. Ofreció una charla Carlos de Juan Carrillo, arquitecto técnico e ingeniero de la edificación y contó también con la intervención del abogado y administrador de fincas Venancio Parra Torres. En dicha reunión se analizó la repercusión que la entrada en vigor del Decreto Valenciano 25/2011 del Libro del Edificio, representa para los propietarios de viviendas de nueva construcción y para aquellos que lo son de edificios que acometan la rehabilitación de elementos estructurales. El ponente resaltó el hecho de que si bien va a suponer un encarecimiento en los costes de gestión de la comunidad, también conlleva una garantía tanto para los actuales propietarios como para futuros adquirentes. Para compensar ese encarecimiento algunas compañías de seguro están estudiando la rebaja de la prima para aquellas comunidades que cumplimenten el libro del edificio. (Acta tomada por Pedro Gea Ferrández)

Es necesario que el Administrador de Fincas esté colegiado

Los comentarios que vamos a realizar vienen al caso de la publicación de la citada Sentencia dictada por la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Cantabria de 6 de octubre de 2010 (SP/SENT/634186). Dicha Resolución se ha producido como consecuencia de la impugnación de un acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno de una Comunidad de Propietarios que designaba administrador a una persona externa de la Comunidad que no se hallaba legalmente reconocida ni cualificada profesionalmente para ejercer esta actividad. Esta Sentencia, al tiempo que admite la impugnación y, consiguientemente, declara la nulidad del acuerdo, descarta, como legalmente admisibles para el reconocimiento legal de dicha cualificación, la posesión de diplomas o cursos de gestión expedidos por centros universitarios como título propio (en este caso un instituto superior colaborador de la Universidad de Vic) que no son de carácter oficial, sin que la pertenencia acreditada a una asociación de gestores o similar le confiera más trascendencia jurídica de la que en realidad tiene, puesto que "ello no supone conferir reconocimiento legal alguno a aquella titulación". Señala que: "Por todo ello debe concluirse que, desde luego, cumplen esos requisitos los miembros de los Colegios Profesionales de Administradores de Fincas, regulados esencialmente por el Decreto 693/1968 de 1 de abril". Fuente: SEPIN

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